UGT solicita al defensor del pueblo que interponga recurso de inconstitucionalidad al decretazo

La Federaciones Estatales de Servicios Públicos (FSP), de Transportes (TCM), de Servicios (FES) y de Enseñanza (FETE) de UGT han presentado hoy un escrito al Defensor del Pueblo solicitando la interposición de un recurso de inconstitucionalidad al Decreto Ley por el que se adoptan medidas concretas para la reducción del déficit público, en concreto su capítulo I (medidas en materia de empleo público) y disposiciones adicionales 3ª. Julio Lacuerda, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, ha adelantado que este es sólo un paso más de los previstos por la FSP para revocar esta medida. Lacuerda ha afirmado que el defensor del Pueblo le ha transmitido la preocupación que ya existía en la institución por este decreto y que ha asegurado que estudiará la queja con rigor para poder dar una respuesta concreta en el menor plazo posible.

La Federación de Servicios Públicos siempre ha sostenido que el Decreto vulnera el derecho a la negociación colectiva y el derecho individual al salario; además incumple un Acuerdo y una Ley: el Acuerdo de Función Pública 2010-2012, firmado el 25 de septiembre de 2009, y la Ley del Presupuestos Generales de Estado.

La FSP-UGT lleva el decreto ante la Audiencia Nacional

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha presentado dos recursos contencioso-administrativos en la Audiencia Nacional. La FSP-UGT continúa de este modo el camino ya emprendido hacia su intento de revocar el decreto ley 8/2010, que en palabras de Julio Lacuerda supone un agravio sin precedentes hacia los empleados públicos de este país.

Por una parte se ha presentado un recurso al acto administrativo de la Mesa General de Negociación del pasado 20 de mayo, donde se comunicó de forma verbal a los sindicatos de Función Pública el recorte de un 5% de media en los salarios públicos y que supuso la ruptura del Acuerdo de Función Pública en el marco del Diálogo Social 2010-2012. Asimismo se ha presentado un recurso contencioso-administrativo a la resolución de la instrucción de las nóminas. Recordemos que con la finalidad de facilitar la confección de las mismas, por Resolución de 25 de mayo de 2010, la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos dictó instrucciones en relación a las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la Disposición Final Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, actualizados con efectos 1 de junio de 2010 las cuantías de las retribuciones.